Hoy se ha celebrado una Mesa Sectorial donde uno de los puntos del orden del día ha sido la denuncia, por parte de la Administración Educativa Valenciana, del Acuerdo firmado en el año 1999 junto a las Organizaciones Sindicales de enseñanza sobre dotación de plantillas y condiciones de trabajo del profesorado, de los institutos y secciones de educación secundaria para la aplicación de la LOGSE. Otro de los puntos del orden del día era dar cuenta de las medidas que, con carácter provisional, adoptará a Administración Educativa Valenciana en tanto se negocien nuevos acuerdos. El Director General de Ordenación Académica y Centros ha expuesto los motivos de la denuncia del acuerdo, haciendo referencia a la finalización del calendario de aplicación de la LOE, a la publicación posterior a este acuerdo del EBEP, a la necesidad de un modelo acorde a la LOE, y a los desajustes que contiene la actual normativa, pues vincula opcionalidad con itinerarios, restringe la atención a la diversidad, e incluye temas no relacionados con esta normativa: información de infraestructuras y capacitación lingüística del profesorado. ANPE ha hecho saber a la Administración su respaldo a la negociación de un nuevo modelo de plantillas que se ajuste a la LOE, pero nos falta información para realizar una valoración pues no contamos, en este momento, con ningún borrador al respecto. El único documento facilitado por la Administración es el de medidas provisionales que se pondrán en funcionamiento tras la denuncia del mencionado acuerdo, las cuales hacen referencia a los módulos de distintos ciclos formativos que, a partir de ahora, serán susceptibles de desdobles. ANPE ha expuesto que en la negociación del nuevo acuerdo velaremos para que una nueva normativa que se ajuste a la LOE no afecte a las condiciones laborales del profesorado, ni modifique las plantillas recortando profesorado. Hemos solicitado que hasta la negociación de un nuevo acuerdo siga en vigor la actual normativa que regula las plantillas de los centros. ANPE no considera de justicia social que la educación de nuestra comunidad pague los efectos de la crisis económica que en este momento atravesamos, circunstancia que ha dado lugar a un comienzo de curso con más de 1000 profesores interinos menos en los centros.